La Comisión Europea ha abierto una consulta pública sobre la Directiva de la UE relativa a la reutilización de la información del sector público (ISP). El concepto de ISP abarca todo tipo de datos generados por organismos públicos (mapas e información meteorológica, jurídica, financiera, económica y sobre tráfico) que pueden ser utilizados por terceros en productos innovadores como los sistemas de navegación para automóviles, las previsiones meteorológicas y las aplicaciones de información sobre viajes que pueden descargarse en los teléfonos inteligentes. Según un estudio de 2006, los datos públicos reutilizados (de forma gratuita o previo pago de una tarifa) generan en la Unión un volumen de negocios de mercado cifrado en un mínimo de 27 000 millones de euros. Las contribuciones a la citada consulta se integrarán en la revisión de la Directiva ISP que forma parte de la
Agenda Digital para Europa, cuya finalidad es contribuir a alcanzar los objetivos de aumento de la competitividad, la innovación y la creación fijados por la Unión. La consulta estará abierta hasta el 30 de noviembre de 2010.
Neelie Kroes, Vicepresidenta de la Comisión y responsable de la Agenda Digital, afirmó que «el uso más eficaz y frecuente de la información del sector público encierra un gran potencial para la creación de actividad económica y puestos de trabajo y para ofrecer a los consumidores una mayor gama de productos con una mejor relación calidad-precio. El mercado de las aplicaciones para móviles, basado parcialmente en datos derivados de la ISP, podría aumentar su valor hasta 15 000 millones de euros de aquí a 2013. No obstante, una gran proporción de la ISP europea está infraexplotada o sin explotar. No podemos desperdiciar esta oportunidad, por lo que hemos de estudiar la forma de modificar las normas de la UE sobre reutilización de la ISP a fin de liberar plenamente su potencial económico».
La Comisión Europea invita a todos los interesados a enviar su contribución sobre los aspectos clave de la reutilización de la ISP y, específicamente, sobre las posibles modificaciones de las disposiciones de la Directiva vigente en lo relativo a cuestiones como el ámbito de aplicación, el pago de tasas y la certificación de datos, a medidas prácticas como la necesidad de organizar campañas de información a través de portales web nacionales y a las repercusiones de los cambios que ya se han producido o de los obstáculos que aún persisten.
La revisión de la Directiva ISP es una de las iniciativas clave de la Agenda Digital para Europa (véanse los documentos
IP/10/581,
MEMO/10/199 y
MEMO/10/200). En su estrategia, la Comisión subrayaba que los gobiernos pueden estimular los mercados de contenidos digitales mediante la publicación de la información del sector público en condiciones de transparencia, eficacia y no discriminación. He ahí una importante fuente de crecimiento potencial de los servicios innovadores en línea.
Contexto
La
Directiva ISP de la UE se adoptó el 17 de noviembre de 2003. En ella se regula la actuación de los organismos púbIicos que participan en el mercado de reutilización de datos públicos y se anima a los Estados miembros de la UE a emprender políticas proactivas de reutilización de la ISP. La Directiva ha contribuido a eliminar algunas de las trabas que entorpecían esa reutilización, como las posiciones monopolísticas de los organismos públicos o la falta de transparencia del mercado de datos públicos reutilizables.
En 2009, la
Comisión revisó la aplicación de las reglas correspondientes a la ISP en la UE, proceso durante el que se confirmó la creciente reutilización de esa información y la adopción de medidas de fomento de la misma por parte de los Estados miembros y los organismos públicos. La Directiva de 2003 tuvo repercusiones positivas en varios campos, como el geográfico y el meteorológico. No obstante, la Comisión también advirtió a los Estados miembros de que la plena explotación del potencial de la ISP para la economía de la UE requeriría la eliminación de los obstáculos que dificultaban la mencionada reutilización, entre los que se contaban la discriminación entre usuarios potenciales, el cobro de tarifas excesivas por la reutilización de la información del sector público y la aplicación de dificultosas políticas de certificados.
Además, señalaba problemas prácticos como el desconocimiento de qué información del sector público se halla disponible y la falta de conciencia, dentro de los organismos públicos, del potencial económico de sus datos.
Tras concluir que, en su forma actual, la Directiva de 2003 no ha surtido sus plenos efectos, la Comisión decidió proceder a una nueva revisión antes del final de 2012, fecha para la que se dispondrá de más datos sobre la incidencia, los efectos y la aplicación de las normas de la UE sobre información del sector público. Esa revisión figura entre las iniciativas clave de la Agenda Digital para Europa. Los resultados de la consulta se integrarán en la revisión.
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